El Gobierno formalizó este lunes el ingreso al Senado, con suma urgencia, del proyecto de reforma constitucional contra el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, impulsada por el Presidente José Antonio Kast.
La propuesta busca modificar la Constitución en materia de seguridad y establece, entre sus principales cambios, que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber primordial del Estado.
Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa no busca abrir un proceso constitucional de carácter refundacional, sino realizar modificaciones específicas destinadas a entregar nuevas herramientas a las instituciones para enfrentar el crimen organizado y agilizar la persecución penal.
El proyecto contempla tres modificaciones principales. La primera establece la seguridad pública como una obligación del Estado y la incorpora dentro del artículo 1 de la Constitución.
La segunda crea una nueva tipificación penal asociada a la pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, además de establecer un listado de estas agrupaciones.
El tercer cambio propone un nuevo estado de excepción constitucional, que podría ser decretado por el Presidente de la República ante situaciones consideradas como de grave alteración de la seguridad pública.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió el alcance de la propuesta y sostuvo que se trata de una reforma acotada a tres ejes, orientada a entregar nuevas funciones y atribuciones en materia de seguridad.
El secretario de Estado también afirmó que el Ejecutivo percibe un respaldo relativamente amplio en el Congreso para avanzar en la iniciativa.
Desde la oposición han surgido críticas respecto de la prioridad otorgada a la agenda legislativa frente al trabajo operativo en terreno. Una de las cuestionamientos provino de la exministra del Interior Carolina Tohá.
El presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, respondió a esas críticas y defendió la posibilidad de avanzar simultáneamente en la agenda legislativa y en las labores operativas contra la delincuencia.
El parlamentario cuestionó además el enfoque garantista de anteriores administraciones y sostuvo que los derechos de las víctimas deben tener mayor consideración frente a quienes se encuentran privados de libertad.
Squella afirmó que la discusión legislativa puede desarrollarse en paralelo al trabajo operativo que, según señaló, está encabezando el ministro Arrau.
