CGE y ALTO refuerzan su estrategia legal contra el hurto de energía: Cerca de 3.300 casos registrados entre 2025 y 2026

Santiago, 10 de agosto de 2026. CGE, compañía de distribución eléctrica, en conjunto con ALTO han intensificado las acciones legales destinadas a identificar y perseguir penalmente a los responsables de los delitos de hurto de energía eléctrica.

Según datos de CGE, en los últimos 18 meses (enero 2025 a junio 2026) se han detectado 3.299 casos de hurto de energía a nivel nacional, concentrados principalmente en las regiones del Maule (622 casos); O’Higgins (611) y Metropolitana (608). Le siguen el Biobío (327), la Araucanía (272) y Coquimbo (242[1] ).

A nivel comunal, el ranking lo encabezan Curicó (204 casos), Talca (173), Rancagua (153), San Bernardo (147) y Coquimbo (111), seguidas por Chañaral, Puente Alto, Antofagasta, La Serena y Chillán.

Frente a este escenario, ALTO – en representación de CGE- ha desplegado una estrategia de persecución penal que se ha traducido en 1.297 querellas a nivel nacional, presentadas desde 2024 a la fecha. Esto ha permitido identificar a 161 personas imputadas por este delito y obtener 46 resultados judiciales favorables.

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, señaló que “el hurto de energía no solo genera un perjuicio económico para la compañía: también compromete la calidad y la seguridad del suministro para miles de clientes que sí cumplen con sus obligaciones. Por eso hemos intensificado, junto a ALTO Chile, las acciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables, reforzando además la seguridad de nuestras redes en las zonas más afectadas”.

Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, señala que “el hurto de energía no solo afecta el patrimonio de la empresa distribuidora: se trata de la intervención de un sistema de medición o de la ejecución de una conexión no autorizada a la red, cuyo costo termina siendo traspasado, en definitiva, al conjunto de usuarios del sistema. No debemos subestimar este delito: cada conexión clandestina implica una sobrecarga en la red que puede derivar en incendios, electrocuciones o cortes de suministro, con impacto directo en la seguridad y la calidad del servicio para toda la comunidad”.

En este sentido, el ejecutivo indicó también que “vamos a continuar persiguiendo judicialmente cada uno de estos casos, aunque ello también requiere de la colaboración de la comunidad. Quien detecta un hurto de energía puede, y debe, denunciarlo. Cada condena que obtenemos envía una señal clara de que este delito tiene consecuencias”.

La persecución de este delito ha revelado un “patrón” de actuación organizada en la instalación de empalmes irregulares. “Esto agrega una complejidad adicional a la investigación y refuerza la necesidad de contar con una estrategia probatoria sólida.”, señala Hernández.

ALTO trabaja junto a CGE en la identificación, documentación y judicialización de los casos de hurto de energía, aportando protocolos de investigación y acompañamiento legal para llevar cada causa ante los tribunales con la evidencia necesaria.

“La judicialización efectiva de estos casos requiere evidencia bien recopilada, protocolos de investigación claros y una estrategia legal que sostenga cada causa hasta su término. Nuestro rol es asegurar que cada querella cuente con ese respaldo, y los resultados acumulados muestran que esta estrategia está funcionando”, enfatiza el Gerente Legal de ALTO Chile.